El título de este libro
que acaba de publicarse alude a un grupo de jueces que, hoy por hoy,
constituyen la última trinchera que defiende los derechos y
libertades de los ciudadanos en una sociedad azotada por la crisis y
la corrupción. El subtítulo, "un retrato inédito de los
jueces que protagonizan la actualidad de nuestro país", aclara
bastante sobre su contenido.
Presentación del libro en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid
El libro contiene perfiles
personales de estos jueces y sus trayectorias profesionales: quiénes
son, cómo son, qué han hecho, cómo piensan.
Son los jueces que
vienen ocupándose de casos tan sonoros como Nóos, Gürtel, los ERE
de Andalucía, Bankia y otros no tan sonoros, pero que afectan a
cuestiones esenciales de la vida de las personas como los desahucios
o la violencia de género.
Su trabajo les
ha granjeado enemigos poderosos, enemigos que acuñaron el término
despectivo de "juez estrella", con el claro objetivo de
desprestigiarlos. Como dice el juez Baltasar
Garzón, pionero en muchos de los
nuevos usos establecidos por estos jueces, "la mejor forma de
presionar sobre una investigación es poner en la portada de los
periódicos la foto del juez que instruye el sumario".
Baltasar Garzón fue
uno de los jueces que decidieron liderar los sumarios que instruían,
convirtiéndose así en jueces de trinchera. La corrupción, por
ejemplo, no era algo nuevo; lo nuevo fue que algunos jueces
empezaran a perseguirla con más ahínco y sin esperar al impulso
del Ministerio Fiscal. Esos jueces se convirtieron en adalides de
los derechos y libertades de los ciudadanos. De modo que los
barómetros del CIS dan una imagen cada vez más positiva de los
jueces y magistrados.
En este libro por primera
vez se autorretratan y explican quiénes son, de dónde vienen, qué
hacen, cómo lo hacen y, sobre todo, porqué lo hacen.
José Castro, el juez
que sentó a una infanta en el banquillo
El caso Nóos es uno
de los casos sonados que se plasman en el libro.
José Castro,
en sus comienzos fue funcionario de prisiones, y considera esa etapa
de obligado cumplimiento para que todos los miembros de la
judicatura sepan adonde mandan a los condenados.
Luego, llegó a
formar con el fiscal Pedro Horrach un tándem demoledor en la lucha
contra la corrupción que adquirió tintes casi legendarios en
Mallorca. Eran la pareja perfecta hasta que se les cruzó la infanta
Cristina. Se distanciaron cuando Castro cambió de criterio y
decidió imputarla. En todo caso, Castro no ahorra todavía hoy
elogios al fiscal Horrach.
El juez Castro ha
sufrido duras campañas de desprestigio promovidas por el PP y el
gobierno balear. Ha sido espiado y ha sido víctima de seguimientos
fotográficos, llegando a ver cerradas con silicona las cerraduras
de su domicilio.
Mercedes Alaya, la jueza de los ERE
La batalla de la juez Mercedes Alaya
(la única de los jueces retratados en el libro que no ha hecho
declaraciones a los autores) lo ha sido por mantener en su poder los
sumarios que afectaban a la Junta de Andalucía, enfrentándose a la
jueza sustituta, Núñez Bolaños. Fue -dicen los autores del libro-
un conflicto sin precedentes en la historia judicial española,
conflicto que tiene que ver con la trascendencia de los sumarios y
con la personalidad de la jueza Alaya.
La Junta andaluza y el PSOE la
querían lo más lejos posible, mientras que el PP ha maniobrado
para que mantuviera el control sobre unos sumarios que resumían la
política social de la Junta: cursos de formación a desempleados y
ayudas y avales a empresas andaluzas. El problema fue que, en una
Andalucía con las arcas públicas repletas por el dinero de los
fondos europeos más los ingresos fiscales del pujante negocio
inmobiliario, no se aplicaba un control eficaz del gasto, y de ese
descontrol se beneficiaron algunos desaprensivos.
Mercedes Alaya, que
sostiene que, desde la justicia, no se puede acabar con la crisis,
pero sí, poco a poco, con la corrupción, es consciente de que ella
y otros han iniciado una nueva forma de hacer justicia, sin miedo a
los poderosos.
Menores, desahucios, violencia
contra la mujer...
Otros asuntos tienen mucha menos
trascendencia mediática, pero no son menos importantes a la hora de
hacer una justicia más humana.
Entre ellos están los que afectan a
los menores, y en este campo el juez Emilio Calatayud, con sus
sentencias peculiares es toda una institución.
Perteneciente a la
primera promoción de jueces de menores, el juez Calatayud tiene
siempre en mente la reinserción de los penados, la necesidad de
darles una nueva oportunidad a una edad en que esa oportunidad puede
ser esencial. Por eso se esfuerza en dictar sentencias útiles en
ese sentido, demostrando una notable capacidad de invención a la
hora de dictarlas (aprender a leer, tareas sociales...).
No sólo ha
conseguido un alto porcentaje de éxitos con sus sentencias, sino el
agradecimiento de numerosos menores que, gracias a él, han
encarrilado sus vidas. Varios de ellos hablan en el libro mostrando
explícitamente ese agradecimiento y dando el mejor y más elocuente
testimonio sobre la labor de este juez.
Ana María
Ferrer, la primera mujer en llegar a la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Ferrer, que, en sus
comienzos, tuvo problemas por el hecho de ser mujer con algún
policía machista, tuvo que enfrentarse a la corrupción en su
propio juzgado y estuvo entre los jueces que iniciaron la pequeña
revolución de bajar a los calabozos a interrogar a los detenidos,
algo mal visto por sus mayores.
Su generación fue el
motor de la transformación de la Justicia. No descarta llegar a la
presidencia del Tribunal Supremo en cuya Sala de lo Penal fue
pionera.
Otra medida
revolucionaria fue la de José María
Fernández Seijo cuando decidió saldar
las deudas que un matrimonio de jubilados tenía con los bancos.
Habiendo entregado ya su vivienda, y no pudiendo asumir sus deudas,
consideró al matrimonio "deudores de buena fe, deudores
accidentales que se han visto abocados a una situación no deseada de
insolvencia definitiva".
Pero el nombre de
Fernández Seijo está asociado al del inmigrante Mohamed Aziz, que
se vio en la calle por dejar de pagar cuatro cuotas de su hipoteca.
Seijo anuló tres cláusulas de la hipoteca: la que fijaba los
intereses de demora en un 18'75%, la que ponía en marcha el
desahucio por un único impago y la que fijaba de manera unilateral
le deuda pendiente.
El caso Aziz, aunque
éste no recuperara su casa, se convirtió en un símbolo al asumir
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo que su desahucio vulneró la
legislación comunitaria sobre protección a los consumidores.
La violencia contra
la mujer es otra cara del factor más humano de la justicia. En
España, entre 1999 y octubre de 2015, 1.025 mujeres han sido
asesinadas. La juez Sonia Chirinos
viene ocupándose de esos casos y acumulando la tensión y la carga
emocional de las vistas y las guardias de setenta y dos horas.
Jueces que podían a
primera vista parecer acomodaticios para unos, resultan todo lo
contrario.
Es el caso de Pablo
Ruz, alguien de personalidad poliédrica
al que le cayó el sumario de los sumarios: la trama Gürtel.
Antes, zanjó la
teoría de la conspiración del 11-M, calificando las pruebas
solicitadas por la AVT de "manifiestamente impertinentes,
inútiles, dilatorias y perjudiciales para los fines de la
instrucción".
Otro juez poliédrico o desconcertante
es Santiago Pedraz.
Pedraz, apoyándose
en el poderoso impulso dado por Baltasar Garzón a favor de la
jurisdicción universal de ciertos delitos, ha seguido esa senda en
casos como el de la muerte del periodista José Couso por tropas
norteamericanas en Irak, o el del genocidio de indígenas en
Guatemala.
Con esos casos, y
pese a los vaivenes dados por la posibilidad de una jurisdicción
universal, la Audiencia Nacional ha ganado un enorme prestigio
internacional, llegando a que las resoluciones de la justicia
española se estudien en todas las universidades del mundo.
La imputación a
funcionarios israelíes por crímenes contra la humanidad por el
bombardeo a la flotilla humanitaria de Gaza fue obra del juez
Fernando Andreu,
el mismo que impuso una fianza récord a los responsables de Bankia
(800 millones) y que, años antes, había tenido que llevar escolta
en el País Vasco al haberse situado en el punto de mira de Egin por
algunas de sus decisiones.
LOS AUTORES
Javier Álvarez
(Madrid, 1960) estudió Periodismo en
la Universidad Complutense de Madrid e inició sus primeras
colaboraciones en Diario 16 y donde se podía. Trabajó en la primera
plantilla de los servicios informativos de la radio autonómica Onda
Madrid hasta 1990, cuando le fichó la Cadena Ser.
Desde entonces se especializó en la
información del ámbito jurídico, y en la actualidad es redactor
jefe de Tribunales e Interior de dicha cadena. En 2004 fue premio
Ondas al trabajo colectivo de radio por el tratamiento informativo de
un acontecimiento como los atentados islamistas del 11 de marzo de
2004.
Luis Fernando Rodríguez
(Madrid, 1963) es licenciado en
Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Gestión de Redes
Sociales por el instituto de Formación Empresarial de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Fue redactor en la revista
Derechos Humanos, editada por la Asociación Pro Derechos Humanos de
España (APDH); después en la agencia de noticias Servimedia,
propiedad de la Fundación ONCE, y en la agencia de noticias Colpisa,
del Grupo Vocento, donde llegó a ser redactor jefe y subdirector.
En 2011 trabajó para el
Consejo General del Poder Judicial como asesor de comunicación. Ha
colaborado en distintos medios sobre temas judiciales y actualmente
es director del Gabinete de la Consejería de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas de la Generalitat valenciana.
Editorial: Planeta
PENÍNSULA
PVP: 20 euros.
Fotos: M. Machín
